Para consultar el desarrollo normativo íntegro, anexos técnicos y cláusulas presupuestarias detalladas, accede a los documentos oficiales del partido:
Durante los dos primeros años de mandato se desarrollará un conjunto de medidas dirigidas a transformar el Estado, garantizar derechos sociales, impulsar la justicia económica y reconstruir la soberanía popular. Este periodo se centrará en reformas estructurales, mejora del bienestar social, transparencia institucional, lucha contra la desigualdad y reordenación estratégica del país.
Plazo de ejecución: Inmediato tras la consolidación de la Fase 0 (Operación Atlas) y durante los primeros 24 a 36 meses de legislatura.
Se pospone la aplicación de exenciones de impuestos directos durante los primeros años para evitar tensiones en el déficit público.
El 100% del margen presupuestario estructural recuperado mediante la Operación Atlas (estimado entre 1.780 y 3.760 millones de euros anuales) se derivará a proyectos de investigación y desarrollo (I+D) industrial y de infraestructuras estratégicas.
Las inversiones serán evaluadas, adjudicadas y supervisadas con carácter vinculante por la Agencia Técnica Nacional (ATLAS), garantizando que el capital se destine exclusivamente a tecnologías de alta rentabilidad y retorno económico para el Estado.
Se implementarán ayudas fiscales para nuevos negocios y pequeñas empresas:
Los terrenos expropiados o usados para instalaciones energéticas se devolverán a los propietarios originales cuando sea posible; en caso contrario se destinarán a proyectos públicos como bosques o vivienda pública.
Se elimina el impuesto para transmisiones por herencia, excepto en casos con deudas pendientes o voluntad explícita del causante.
A la llegada, toda persona migrante recibirá evaluación médica y registro administrativo para obtener un documento provisional. Se facilitarán suministros básicos como ropa, higiene y un teléfono económico.
Se habilitarán barrios con viviendas prefabricadas con servicios comunes. Cada vivienda albergará a dos personas o una unidad familiar.
Acceso a ofertas laborales en obra pública, limpieza urbana, agricultura o construcción. Retribución mínima equivalente al salario exento.
Mayores, embarazadas o personas con discapacidad tendrán empleos adaptados como comedores o servicios de apoyo.
Acuerdos con países socios para migración ordenada y reconocimiento de titulaciones.
Las viviendas ocupadas se devolverán a propietarios. Los ocupantes sin antecedentes serán integrados al sistema de acogida. Quienes tengan delitos adicionales irán a proceso judicial.
Respeto estricto a derechos humanos, transparencia y cooperación con administraciones locales.
Perros y gatos callejeros serán recogidos, vacunados y alimentados. Los perros entrenados portarán collar electrónico que les hará regresar al refugio por la noche.
Actividades físicas y cognitivas diarias para reducir caídas y mejorar la salud mental.
Mini-refugios en residencias para fomentar compañía, reducir soledad y mejorar salud emocional.
Planes de apoyo y nueva vivienda pública para afectados por desastres (ej. La Palma, DANA). Alquiler social con opción a propiedad al terminar de pagar el coste de construcción.
La Agencia Tributaria dejará de ser un organismo persecutorio y pasará a informar y asesorar. Solo casos graves como evasión masiva serán investigados.
Extracción nacional de uranio y desarrollo de energía nuclear como pilar estratégico de base. Reestatización progresiva y control estratégico de sectores esenciales como electricidad y agua, con el fin de reducir gradualmente los costes para la población mediante la mejora de eficiencia, reinversión pública, y expansión de la capacidad nacional. Esta reducción de precios se realizará de forma gradual y únicamente en la medida que la sostenibilidad financiera, energética y operativa lo permita, garantizando el acceso universal a precios razonables sin comprometer la estabilidad económica, el mantenimiento de infraestructuras ni la capacidad de inversión futura.
Toda persona será juzgada bajo las mismas leyes sin discriminación.
Multas, trabajos comunitarios y apoyo psicológico.
Condenas entre 5 y 15 años con acceso a programas educativos, talleres, psicólogos y trabajo remunerado libre de impuestos para generar ahorros.
Condenas entre 30 y 40 años. Acceso a programas condicionado al buen comportamiento.
Basado en reinserción, trabajo, educación y reducción de reincidencia.
La televisión pública será un medio transparente, basado en datos verificables y sin uso como herramienta de propaganda política.
Se permitirán modificaciones siempre que pasen ITV renovada.
Circuitos públicos y tramos controlados para evitar carreras ilegales.
Impulso a talleres especializados y fabricación nacional de piezas de alto rendimiento.
Información detallada de cada céntimo del gasto público.
Ciudadanos podrán reportar problemas y seguir el estado de resolución.
Estas medidas consolidan las bases del mandato para avanzar posteriormente hacia las reformas del tercer año en adelante.
Objetivo: Crear un sistema moderno, rápido y equilibrado que proteja de forma inmediata a posibles víctimas, garantice la presunción de inocencia, reduzca denuncias manipuladas, y sustituya la incertidumbre por pruebas objetivas y verificables. El sistema actual genera desconfianza social por víctimas que sienten que las medidas llegan tarde y ciudadanos que ven destruida su vida personal y profesional antes de una resolución judicial. La reforma buscará proteger ambas realidades.
Las medidas cautelares se aplicarán según el nivel de riesgo evaluado por jueces, policía y profesionales especializados:
En casos de riesgo alto, el juez podrá ordenar el uso temporal de dispositivos discretos de geolocalización para ambas partes. El sistema permitirá detectar acercamientos prohibidos, generar alertas automáticas, registrar posibles incumplimientos y aportar pruebas objetivas al procedimiento judicial. La información solo será accesible para jueces y fuerzas de seguridad, estará protegida legalmente y tendrá límites estrictos de duración y uso.
Hasta resolución judicial quedará prohibida la difusión pública de acusaciones, datos personales o campañas de señalamiento relacionadas con el caso, especialmente en redes sociales y medios digitales. Solo podrán tratar el caso autoridades, abogados, psicólogos especializados y familiares directos necesarios. La vulneración podrá implicar multas, indemnizaciones y responsabilidad civil, con el fin de evitar juicios mediáticos y la destrucción social previa a la sentencia.
Se considerará falta grave retirar o manipular dispositivos judiciales, incumplir órdenes de alejamiento, provocar acercamientos deliberados o fabricar pruebas falsas. Las denuncias deliberadamente falsas con pruebas de manipulación consciente tendrán consecuencias penales y civiles. La reforma diferenciará claramente entre denuncias no demostradas y acusaciones fraudulentas demostradas.
Ambas partes tendrán acceso prioritario a psicólogos especializados, evaluación profesional de riesgo, apoyo emocional y orientación legal y social. La prevención temprana será una prioridad para reducir la reincidencia, la escalada de violencia y los conflictos familiares graves.
Principio central de la reforma: “Ni abandono de víctimas ni destrucción de inocentes: protección inmediata, pruebas objetivas y justicia real.”
Objetivo: Impulsar una reforma nacional del sistema ferroviario para construir una red más fiable, más clara para el usuario, mejor coordinada, más segura y preparada para las necesidades reales del país, resolviendo problemas estructurales que afectan diariamente a trabajadores, estudiantes, empresas y pasajeros.
Se iniciará una negociación para estudiar la simplificación de estructuras administrativas, la mejora de coordinación entre operadores e infraestructuras, la unificación de protocolos técnicos y la reducción de duplicidades que ralentizan la gestión diaria.
Durante el primer periodo de gobierno se impulsará una revisión técnica del estado real de vías, estaciones y sistemas, un análisis de incidencias recurrentes y una evaluación pública de los costes provocados por retrasos, averías y falta de coordinación.
Se priorizarán las revisiones preventivas periódicas, la detección temprana de fallos, la modernización de señalización y control, y la reparación de puntos críticos antes de que provoquen averías graves o accidentes.
Se impulsará una señalización más clara y uniforme, mejor información en tiempo real, sistemas de aviso más eficaces ante incidencias, y procesos más simples para billetes, cambios y transbordos.
Se dará prioridad a las líneas utilizadas diariamente por trabajadores y estudiantes, mejorando las cercanías, recuperando conexiones regionales útiles y reforzando infraestructuras en zonas olvidadas durante años.
Se estudiará la implantación progresiva de sistemas unificados de gestión de incidencias, coordinación digital entre operadores, control inteligente de tráfico ferroviario y protocolos rápidos de respuesta ante averías o emergencias.
Principio central de la reforma: “Un sistema ferroviario moderno debe mover personas y mercancías, no burocracia y retrasos.”
Objetivo: Garantizar que las plataformas y servicios digitales de la administración pública estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salvo en casos excepcionales de mantenimiento técnico o ciberseguridad, eliminando restricciones horarias innecesarias, cierres nocturnos o franjas de inaccesibilidad.
Se iniciará una modernización progresiva de los sistemas digitales del Estado para eliminar restricciones, mejorar estabilidad de servidores, automatizar procesos administrativos y garantizar acceso permanente a trámites esenciales (identificación digital, citas administrativas, trámites fiscales, certificados, empleo, sanidad, justicia y servicios de emergencia administrativa). Las tareas de mantenimiento deberán programarse con mínima interrupción, comunicarse con antelación y disponer de sistemas alternativos.
Principio central: “Si un servicio público está digitalizado, debe estar disponible cuando el ciudadano lo necesite.”
Objetivo: Impulsar la creación de una plataforma nacional moderna de empleo que simplifique la búsqueda de trabajo, reduzca burocracia innecesaria y facilite una conexión más rápida, clara y eficiente entre trabajadores y empresas, evitando los procesos lentos y la fragmentación actual.
Se impulsará el desarrollo de una plataforma pública de empleo moderna, rápida y accesible, diseñada para centralizar ofertas de todo el país, simplificar candidaturas, reducir procesos repetitivos y mejorar el acceso a oportunidades reales.
Los usuarios podrán crear un perfil laboral único con experiencia, formación, habilidades, certificados y preferencias laborales, reutilizable automáticamente para múltiples candidaturas sin repetir continuamente los mismos formularios.
Se iniciará una negociación para integrar progresivamente ofertas laborales de empresas y administraciones dentro de la plataforma nacional, aumentando la transparencia y reduciendo ofertas falsas o abandonadas.
La plataforma incorporará sistemas inteligentes de asistencia para ayudar al usuario a encontrar ofertas adecuadas, orientar dentro de la plataforma, recomendar formación útil y simplificar procesos administrativos.
Se impulsarán medidas para mostrar el estado claro de candidaturas, notificaciones de seguimiento básicas, ofertas verificadas y reducción de anuncios desactualizados o inexistentes.
Para trabajadores: menos burocracia, procesos más simples, mejor acceso al mercado laboral y ahorro de tiempo. Para empresas: acceso más amplio a candidatos, reducción de costes de selección y herramientas de contratación más eficientes.
Principio central: “Buscar empleo no debería ser más difícil que el propio trabajo.”
Objetivo: Creación de un Fondo Ciudadano Nacional de Ahorro e Inversión: una infraestructura financiera pública, voluntaria y transparente destinada a permitir que los ciudadanos construyan patrimonio a largo plazo, complementen futuras pensiones, aumenten su autonomía financiera y fortalezcan la capacidad económica del país.
Participación completamente voluntaria, libertad total del ciudadano sobre sus fondos y dividendos, transparencia total de inversiones y resultados, gestión profesional independiente del gobierno de turno, diversificación de inversiones con límites estrictos de riesgo, horizonte de inversión a largo plazo basado en el interés compuesto, y prohibición de utilizar el fondo como herramienta política o electoral.
El fondo será administrado por profesionales financieros, economistas y analistas seleccionados mediante criterios técnicos y supervisados por auditorías independientes. Ningún gobierno podrá utilizar el capital de forma unilateral. Cualquier utilización estratégica parcial de dividendos requerirá un plan financiero público, evaluación técnica independiente y supervisión de la Agencia Técnica Nacional (ATLAS).
Cada ciudadano participante dispondrá de una cuenta ciudadana de inversión vinculada al fondo nacional. El sistema será simple, accesible y moderno. Las participaciones podrán mantenerse a largo plazo, acumular rendimientos, heredarse y venderse o retirarse libremente.
El capital será invertido de forma diversificada y prudente en: bonos soberanos y activos de estabilidad, oro y metales preciosos como reserva estratégica, infraestructuras y proyectos estratégicos, empresas internacionales sólidas con historial estable de crecimiento y dividendos, y fondos europeos u oportunidades estratégicas de inversión pública.
El sistema estará acompañado de programas nacionales de educación financiera para comprender el ahorro, la inversión, los impuestos, la inflación, el interés compuesto y el funcionamiento de la economía.
Principio central: “Un país más fuerte no es solo el que recauda más, sino el que consigue que sus ciudadanos acumulen patrimonio, estabilidad y autonomía financiera.”
La Agencia Técnica Nacional (ATLAS) comenzará inicialmente con un equipo reducido de aproximadamente 15 a 30 profesionales de alta cualificación en auditoría, economía, infraestructuras, tecnología, inversión pública, estrategia y supervisión operativa.
El crecimiento de la agencia será progresivo y estará condicionado a resultados demostrables, necesidades reales de supervisión, expansión de proyectos estratégicos y sostenibilidad presupuestaria. La ampliación de personal se realizará únicamente cuando los proyectos gestionados por el Estado requieran mayor capacidad técnica y hayan demostrado viabilidad y rentabilidad suficiente.
Nuestra perspectiva a futuro: Las siguientes propuestas representan la visión general y las ideas a largo plazo de nuestro proyecto político. No constituyen un calendario cerrado o rígido, sino una hoja de ruta de reformas estructurales y progresos que se irán implementando de manera escalonada a lo largo de las distintas legislaturas y programas de gobierno, según convenga y permita la realidad y el equilibrio económico del país. Próximamente incorporaremos un análisis de la situación económica nacional.
A medida que avancen los proyectos públicos, crezcan los ingresos del Estado y se consoliden los recursos estratégicos, se iniciará una reducción gradual de impuestos comenzando por los salarios altos hacia arriba, de manera responsable, progresiva y vinculada a los resultados económicos nacionales. Se contempla un impuesto de sociedades unificado al 20% para impulsar la inversión y la competitividad.
Gran reforma estructural de educación para fomentar el talento, reducir la presión académica y conectar la educación con la vida real:
Revisión sistemática de todas las ayudas para garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan, vinculándolas a la capacitación obligatoria e integración en programas de empleo público (infraestructuras, educación, mega gimnasios).
Fomento de la educación y el seguimiento para la planificación familiar responsable, limitando a 3 los abortos voluntarios cubiertos por la sanidad pública (excepto menores o casos de fuerza mayor) y penalizando la reincidencia consciente y fraudulenta.
Estrategia nacional basada en biomarcadores para el cribado temprano y desarrollo de moléculas (anticuerpos, vacunas o inhibidores) dirigidas a frenar el Alzheimer, Parkinson, ELA y demencias seniles, posicionando a España como potencia en neurotecnología.
Reducción de la mortalidad por cáncer mediante inmunoterapia avanzada (CAR-T, CAR-M), contención de células metastásicas en zonas seguras mediante hidrogeles y el uso de cámaras biotecnológicas regenerativas.